Desde el inicio de su gestión, el Gobierno del Pueblo impulsó una nueva cultura organizacional en la administración pública que permitió la consolidación de un marco jurídico estatal sólido, moderno y en armonía con la legislación federal, que da sustento a la transformación de Tabasco, afirmó el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPEE), Jesús Manuel Argáez de los Santos.
Al ampliar la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el servidor público refirió que, a un año de trabajo, 42 iniciativas de decreto fueron enviadas y aprobadas por el Congreso del Estado, cifra que triplica lo realizado por la administración anterior que presentó 12 iniciativas.
La nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Inclusión del derecho del pueblo a la revocación de mandato; la Elección democrática de delegados; el Fortalecimiento del marco penal estatal; la Armonización del marco normativo con el federal en materia de elección de personas juzgadoras; entre otras iniciativas enviadas y aprobadas por el Congreso del Estado, “promueven la expansión y fortalecimiento de los derechos sociales, donde el sentir popular fue la prioridad y la guía para la construcción de una nueva normativa”, puntualizó.
En ese sentido, destacó la activa participación del Poder Legislativo, en el análisis y elaboración de propuestas normativas orientadas al refinanciamiento de la deuda pública, lo que permitió que el Gobierno Estatal liberara recursos para orientarlos al desarrollo social y económico del Estado.
“Aunque los logros pueden cuantificarse en estadísticas y cifras, es en su dimensión cualitativa donde resalta el verdadero impacto de la Consejería Jurídica: una entidad al servicio del pueblo, garante del Estado de Derecho y promotora del bienestar colectivo, en congruencia con los ideales de la Cuarta Transformación”, subrayó.
Argáez de los Santo puntualizó que, en atención a las propuestas del jefe del Ejecutivo, respecto a las nuevas estructuras orgánicas de las dependencias estatales, la Consejería Jurídica detectó funciones duplicadas que permitieron compactar la administración pública. “Ampliando la atención a todas las unidades de apoyo jurídico, con acompañamiento jurídico, respetando sus competencias, teniendo como resultado el fortalecimiento del marco legal, del marco operativo y al conjuntar éstos, se previene consecuencias en contra del gobierno del estado”.
El consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Jesús Manuel Argáez subrayó que, como parte de esta nueva forma de trabajar, las actividades de mesas de trabajo para la revisión y análisis de demandas, convenios, entre otro tipo de requerimientos jurídicos, se incrementó hasta en diez veces, al pasar de 28 en 2025 a 263 en el año en curso.
Otro de los rubros con logros importantes son las consultas ejecutadas por los titulares de las unidades jurídicas de las entidades públicas, con 368 consultas realizadas, triplicando las 118 consultas ejecutadas el periodo anterior, detalló.
Contribuyendo de manera decidida a la estabilidad laboral y social del Estado, añadió, se fortalecieron sustantivamente las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA); la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores (PDTSE); el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA); el Centro de Conciliación Laboral (CCLET) y la Dirección General del Trabajo y Previsión Social (DGTPS), donde la asesoría jurídica y la conciliación, han sido la vía para la solución pacífica de conflictos laborales.
Al exponer el trabajo realizado por los entes sectorizados, señaló que para resolver conflictos laborales entre patrones y trabajadores, a través de la JLCA se realizaron 21 mil 458 audiencias; la JCLA Especial 3 concreto 22 mil 389 audiencias; la PDTSE realizó 213 audiencias iniciales; el TCA ejecutó 500; el CCLET brindó 5 mil 563 asesorías; la DGTPS realizó 2 mil 568 actividades jurídico laborales en beneficio de 7 mil 977 trabajadores, y 1 mil 216 reuniones conciliatorias en beneficio de 4 mil 435 empleados.
De igual manera el servidor público señaló que en seguimiento a la política de trabajo en territorio, impulsada por el mandatario estatal, la Consejería Jurídica atiende de manera directa gestionando acciones y coadyuvando en la atención de las demandas sociales, “reafirmando el compromiso de este gobierno con una justicia cercana, oportuna y eficaz”.
Ante las y los legisladores locales, refirió que en defensa del derecho humano a la educación y con el fin de otorgar certeza jurídica en el patrimonio estatal, en lo concerniente a las escuelas, en colaboración con la Secretaría de Educación, el Registro Público de la Propiedad, la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, el Registro Agrario, y los municipios, se logró regularizar la situación jurídica registral de 77 centros educativos de diversos niveles y turnos.
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