La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal extendió un reconocimiento al “sensacional trabajo” que en Tabasco realiza el Gobierno del Pueblo que encabeza Javier May Rodríguez para transparentar el ejercicio público y combatir prácticas indebidas al interior de la administración estatal.
En el marco de la Primera Asamblea Ordinaria de la Región Sureste de la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación (CPCE-F), el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, calificó como acertadas diversas medidas implementadas por el gobierno tabasqueño para poner fin al derroche y acabar con los privilegios de unos cuantos.
Entre ellas, el servidor público federal hizo referencia a la decisión tomada por el jefe del Ejecutivo para transformar la Quinta Grijalva, un recinto que simbolizó el clasismo y la cerrazón de gobiernos del pasado, en un Centro Cultural con acceso libre a todas y todos los ciudadanos.
“Espacios que antes eran vedados, ahora son para el goce del pueblo, eso es muy simbólico de lo que se está haciendo bien en este estado”, acentuó.
Durante el encuentro, en el que participó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco, Mileyli María Wilson Arias, autoridades federales y estatales revisaron los alcances de la nueva metodología con la que, a partir de enero de 2027, se garantizará un mayor contenido nacional en las compras públicas.
En un enlace vía remota, Encinas Nájera señaló que la reforma a las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional –publicada a finales de enero pasado en el Diario Oficial de la Federación– busca aprovechar el poder de compra del Estado para que sea una palanca que impulse el desarrollo nacional.
Apuntó que el objetivo es fomentar las cadenas de valor y la producción nacional, para no seguir trayendo de fuera lo que se produce y se produce bien en México.
“De lo que se trata es de afianzar una estrategia de sustitución de importaciones, pero enfocada en las compras públicas, con énfasis en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas para que también la compra pública, donde el poder de adquisición del Estado es enorme, sea una herramienta de justicia social y democratice la proveeduría de Gobierno”, enfatizó el servidor público federal.
Durante la reunión a la que asistieron los contralores de Morelos, Campeche, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo, además de la representación de Nuevo León, el subsecretario de Buen Gobierno profundizó sobre las nuevas leyes de Adquisiciones y Obras Públicas promovidas por el gobierno federal para mejorar la forma en que el Estado contrata bienes y servicios.
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